La Jueza de Cuentas, del Juzgado homónimo Dorothy Pérez Gutiérrez, después de un minucioso y exhaustivo examen de cuentas realizado en la Municipalidad de Pozo Almonte, determinó en el período alcaldicio de José Muñoz Cáceres la existencia de pagos por viáticos y contratos a honorarios, que nunca contaron con antecedentes que acreditasen la efectividad de los cometidos funcionarios y las labores pactadas, vulnerando y violando de esta forma, lo previsto en la Ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, lo que se puede resumir en un acto de “malversación de fondos públicos”.
Este hecho marca de plano los malos manejos económicos del ex jefe comunal de Pozo Almonte y de sus colaboradores cercanos, ya que la jueza logró establecer que todos los “cuentadantes”, es decir las personas que rinden cuentas de una administración ya sea legal o privada, no quedan libre de responsabilidad hasta la debida presentación y aprobación de los ingresos y gastos referentes a los fondos o bienes manejados, cumplieron con los requisitos necesarios para establecer su clara responsabilidad civil extracontractual que se les atribuye, ya que en el ejercicio de sus cargos incurrieron en actos negligentes, ya que autorizaron el pago de viáticos y honorarios sin que las labores previstas en el cometido funcionario y el contrato respectivo fueran realizadas.
Considerando además que las labores pactadas no fueron cumplidas por quienes percibieron esos desembolsos, provocando con sus conductas el daño a las arcas de la Municipalidad de Pozo Almonte, por un abultado monto cuyo resarcimiento corresponde a los demandados y que se indemnice el daño patrimonial ocasionado a los recursos del municipio pocino.
Los demandados declarados culpables son el ex alcalde de Pozo Almonte José Muñoz Cáceres, Verónica Molina Verdejo contadora auditora, Eva Zambrano Valencia, asistente social; Oscar Briceño Montano, técnico universitario en administración y alimentación; Patricio Garate Castro Carlos Bustos Farías, abogado; y finalmente Humberto Ugrinovic Valderrama, ingeniero comercial.
La cifra que deberá ser reembolsada por estos malos manejos económicos y administrativos es de 296,87 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) que al valor actual de abril de 2022 de cada UTM corresponde a $ 55.704 pesos, lo que da un total de $ 16.536.847 pesos.
Cabe hacer notar que el ex alcalde ya fue sentenciado por la Contraloría General de la República por compras ilegítimas de materiales de construcción, por una cifra que superó los 50 millones de pesos, para construirse una casa particular en la localidad de La Tirana, es decir construyó una edificación que fue financiada con recursos de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.
La jueza ordenó que los culpables de estos malos manejos económicos deberán reintegrar las cantidades que representan esas unidades tributarias mensuales a la fecha de su pago, debiendo remitir los comprobantes correspondientes a la Secretaría del Juzgado de Cuentas, ubicada en calle
calle Teatinos N° 56, Piso 7, Santiago, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la Ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
La sentencia fe clara y demuestra un secreto sabido a voces que la anterior administración realizó una pésima administración y favoreció a un grupo selecto de amigos y conocidos en desmedro de la comuna, provocando un daño patrimonial a todos los intereses de quienes viven y desarrollan sus actividades en la ciudad de Pozo Almonte.
Para mayores detalles de esta información se puede examinar el líbelo JC N° 75033 del Juzgado de Cuentas del Poder Judicial de la República de Chile, donde se especifica con mayores detalles los abusos cometidos por las ex autoridades del municipio pozoalmontino.